El 1ro. de enero de 1959 se enviaron cinco telegramas desde la embajada de Estados Unidos en La Habana. Lo normal eran unos ocho al mes.

Ese día, a las diez de la mañana, el embajador Earl E. T. Smith se reunió con los representantes en Cuba de varias compañías: Electric Company, Moa Bay Mining, Bank of Boston, Woolworth Company, Portland Cement, Esso, entre otras. Conversaron sobre los rebeldes y el embajador distribuyó carteles de protección a la propiedad privada para ser colocados por las empresas.

En La Habana se reportaban saqueos en los edificios de dos ministerios, la destrucción de la planta de papel del periódico Tiempo, daños en hoteles y casinos, varias tiendas y bares destrozados y atracados. “Tanto los prisioneros políticos como los criminales comunes habían sido liberados de la prisión de Príncipe”, refiere uno de los telegramas. Las operaciones aéreas nacionales e internacionales estaban suspendidas. Todo el transporte, excepto los automóviles privados, estaba paralizado. En Santiago de Cuba “los rebeldes controlaban el ayuntamiento, la sede del distrito militar, el aeropuerto y todas las instalaciones principales”. La mayoría de las fuerzas armadas cooperaban con el movimiento 26 de Julio y la situación era tranquila, aunque existía “tensión y expectativa”.

El movimiento 26 de Julio exigía “la rendición incondicional del ejército y el nombramiento de Urrutia como presidente provisional”. Urrutia era un político cubano que durante la causa de los expedicionarios del Granma, y los participantes en el alzamiento del 30 de noviembre de 1956, había emitido un voto favorable a los acusados como juez en el tribunal de Oriente. Su paradero y el de Fidel Castro era desconocido. “No están en la Habana”, escribió Smith.

Funcionarios de la embajada se volvieron a reunir con los empresarios el 6 de enero. Los representantes de las compañías más importantes de Estados Unidos en Cuba pidieron que se reconociera al gobierno provisional, establecido desde el 2 de enero, “lo más rápido posible”. Esto permitiría un clima “más favorable para llevar a cabo negocios”. El 7 de enero el secretario de Estado del presidente Dwight D. Eisenhower pidió autorización “para tomar las medidas necesarias para reconocer al actual Gobierno Provisional de Cuba”.

El 10 de enero Smith presentó su renuncia a sugerencia del Departamento de Estado. Smith había sido enviado a La Habana para “mantener relaciones satisfactorias con Batista” y lo había hecho tan bien que el Departamento de Estado consideraba imposible negociar con el nuevo gobierno sin un cambio de embajadores. Philip W. Bonsal llegó a La Habana a ocupar su lugar y sería el último embajador de Estados Unidos en Cuba hasta que se reestablecieran las relaciones diplomáticas en 2015. Los problemas con el gobierno estadounidense no tardaron en comenzar: primero, por los juicios y condenas de los tribunales revolucionarios a criminales de guerra; después por la reforma agraria que causaría “consternación en los círculos americanos que tenían propiedades azucareras”, y en medio de todo, por la amenaza de la posible conversión de Cuba en un estado comunista.

Representantes de 30 de los 34 centrales azucareros estadounidenses en la Isla se reunieron en la embajada el 30 de mayo de 1959 para discutir los efectos de la Ley de Reforma Agraria en sus negocios. En una conversación en el Departamento de Estado, el 22 de junio de 1959, donde participó Raúl Roa, en ese entonces Ministro de Estado cubano; C. Douglas Dillion, Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, dijo que “la reforma agraria en Cuba es, por supuesto, básicamente una cuestión interna cubana y una cuestión enteramente de soberanía”.

No obstante, sobre el efecto de la Reforma en la inversión extranjera privada en Cuba, el Subsecretario advirtió que la forma en la que el Gobierno de Cuba manejara la cuestión de la compensación por las tierras expropiadas sería extremadamente importante. “Si los inversores privados estadounidenses […], cuyas propiedades pueden verse afectadas por la Ley de Reforma Agraria, reciben lo que consideran un trato justo, la opinión pública en los Estados Unidos se verá influenciada en consecuencia”. Roa ratificó lo que ya había dicho en una nota oficial el 15 de junio, que el gobierno cubano estaba dispuesto a negociar las expropiaciones y que no podía pagar en efectivo tal como estaba estipulado en la Constitución de 1940 porque cuando llegaron al poder, el nuevo gobierno encontró “las arcas vacías”.

Habría que seguir negociando.

A los centrales azucareros siguió el cuestionamiento de la propiedad estadounidense sobre servicios públicos como la electricidad y la telefonía. El contrato de la Moa Bay Company fue revisado. El 24 de septiembre de 1959 los principales propietarios de centrales azucareros volvieron al Departamento de Estado. Faltaban meses para que se decidiera cortar por completo la cuota azucarera a Cuba, para que empezaran los conflictos con las empresas extranjeras de refinación de petróleo que culminarían con la expropiación de las americanas Esso y Texaco y la británica Shell.

Cincuenta y nueve años después, el 2 de mayo de 2019, la corporación Exxon Mobil (anteriormente Standard Oil, propietaria de Esso) presentó una demanda contra las empresas cubanas Cimex S.A. y la Unión Cuba Petróleo (Cupet) por “tráfico ilícito de bienes confiscados en violación del título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba (Libertad o Helms Burton)”.

La ley había sido aprobada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en marzo de 1996 y presentada por el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton. El título III, sin embargo, había sido suspendido temporalmente por 6 meses durante cada administración hasta 2019. El 17 de abril de 2019, el Secretario de Estado Mike Pompeo anunció que la administración Trump no suspendería el título III. “Implementar el Título III en su totalidad significa una oportunidad de justicia para los cubanoamericanos”, dijo Pompeo y advirtió que “cualquier persona o empresa” que hiciera negocios en Cuba “debía prestar atención a este anuncio”.

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Cuando Exxon presentó su demanda, el mismísimo primer día que se podían emprender acciones judiciales, añadió el reclamo certificado de la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras por valor de más de 71 millones de dólares, con intereses del 6 % anual a partir del 1ro. de julio de 1960. Exxon pide una compensación por la expropiación de una refinería de petróleo, estaciones de servicio y ciertas terminales y plantas que se utilizan en las operaciones de la refinería. Para poder presentar una acción bajo el título III, Exxon pagó $6 458 dólares, una tarifa especial aprobada en septiembre de 2018 por la Conferencia Judicial de Estados Unidos.

La hoy conocida como Ñico López, en 1960 se llamaba Refinería Belot y pertenecía a la empresa Standard Oil Company, esta última creada bajo las leyes del estado de Nueva Jersey desde 1882. Standard Oil cambió su nombre a Exxon Corporation en 1972. En 1999, Exxon Corporation pasó a llamarse Exxon Mobil Corporation.

La corporación Cimex S.A. es una sociedad anónima cubana constituida en 1979 que importa, exporta y comercializa bienes y servicios, entre ellos, más de 600 servicentros (estaciones de combustible) en cooperación con la compañía petrolera Cupet. Esta última opera las refinerías de petróleo de Cuba y abastece las necesidades domésticas de productos derivados del petróleo.

De acuerdo con la demanda presentada en el tribunal del distrito de Columbia, Exxon Mobil “nunca ha liquidado las reclamaciones certificadas pendientes ni ha recibido ningún pago de alguna entidad con respecto al capital o intereses adeudados en su reclamación certificada”. El artículo 302 de la ley Helms Burton establece responsabilidad por tráfico a cualquier persona, agencia o entidad, sea cubana o extranjera, que “trafica con bienes que fueron confiscados por el gobierno cubano, a partir del 1ro. de enero de 1959”. Traficar, según la Ley, es vender, transferir, distribuir, gestionar o comprar cualquiera de los bienes confiscados.

Exxon Mobil pide que las corporaciones cubanas paguen la cantidad certificada en la reclamación, los intereses y los costos incurridos en la representación legal por parte de la empresa estadounidense; una cifra que rondaría los 280 millones de dólares, según reportes de la agencia Reuters.

Después de tres meses de espera el bufete de abogados Rabinowitz, Boudin, Standard, Krinsky & Lieberman, con sede en Nueva York, informó que representaría a las dos empresas cubanas.

El 8 de octubre de 2019 Cimex y Cupet deberán responder a la demanda en las cortes estadounidenses.

Ni los abogados de las corporaciones cubanas ni los abogados de Exxon Mobil respondieron a varias peticiones de entrevistas de Periodismo de Barrio.

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Al número 56 de la calle O, entre 19 y 21, en el barrio de El Vedado, llegó Osvaldo Pino Izquierdo a las 11:30 a.m. del 1ro. de julio de 1960. Fue en calidad de “interventor”, para dar cumplimiento a la Resolución 190 del 30 de junio de 1960 que había dictado Fidel Castro. La resolución decía, básicamente, que si la compañía estadounidense Esso Standard Petróleo S.A. no procesaba el crudo soviético negociado por el gobierno sería intervenida. La resolución se apoyaba en la Ley de Minerales Combustibles de 1938 que disponía el deber del gobierno de situar las cantidades de petróleo crudo necesarias en las refinerías “con el fin de que no se [afectaran] los servicios públicos y las actividades industriales y de transporte del país”.

La refinería Belot fue intervenida. Las oficinas de la calle O también. Esa mañana se revisaron las cajas y se estableció que la compañía tenía más de 7 millones de pesos cubanos (a un cambio de uno por uno con respecto al dólar) y $5 000 dólares estadounidenses en cuentas bancarias corrientes tanto en La Habana como en el interior del país. Winfred Clark Bernes, administrador general de la compañía, dijo que “estaba inconforme con la intervención” y que la misma “lesionaba los derechos” de la empresa.

Ese mismo día, dos horas antes, el ingeniero cubano Ricardo González Abreu, subadministrador de la refinería Belot, también aceptó la intervención “bajo protesta”. A la Belot llegaron con 15 000 barriles de petróleo para su procesamiento. “Cuando este suministro no fue aceptado, un grupo de hombres armados tomó posesión de la refinería”, dice uno de los documentos del archivo del caso que guarda la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras y a los cuales accedió Periodismo de Barrio mediante una petición bajo el Acta de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

El Instituto Cubano de Petróleo envió a la refinería el crudo soviético. Hasta ese momento, de acuerdo con Fidel Castro, el petróleo que se refinaba en Cuba se compraba en el extranjero por las compañías propietarias de las refinerías a precios más altos que los del mercado internacional. El gobierno cubano, en este contexto, intentó comprar el crudo directamente en el mercado internacional, primero a una compañía estadounidense en Venezuela y, finalmente, a la Unión Soviética. “Cuba tiene derecho a comprar el petróleo al precio más barato que pueda en el mercado mundial, y entregarlo después a las refinerías para su proceso en Cuba”, dijo Fidel. “Pero las compañías extranjeras no se resignan a perder el negociazo de la reventa de la casa matriz a su subsidiaria de Cuba. Y cuando les informamos que una parte de los cuatro millones de toneladas de petróleo, que es el consumo de Cuba, se comprarían en otro mercado, […] nos envían tres comunicaciones conjuntas diciendo que no refinarán el petróleo de la Unión Soviética”.

Casi un mes antes de la intervención, el sábado 4 de junio, Ted Brewer, representante de la Standard Oil (propietaria de la Esso) en Cuba, llamó al embajador estadounidense a su residencia. El embajador ofreció mostrarle el memorando que se le había entregado al gobierno cubano en La Habana. El memorando era una declaración del gobierno de Estados Unidos condenando la “campaña de calumnias” de representantes del gobierno cubano en contra de Estados Unidos. Tenía una lista de hechos que incluía desde las declaraciones del presidente cubano Osvaldo Dorticós en Montevideo diciendo que se había reembolsado a los propietarios americanos por las expropiaciones (cuando no se había hecho), hasta las palabras de Fidel Castro culpando al gobierno estadounidense de la voladura del barco La Coubre el 7 de marzo de 1960.

Brewer y Bonsal conversaron sobre la posibilidad de que Esso se negara a refinar el petróleo soviético. Y Brewer también añadió que “la política de su compañía había sido, bajo el supuesto de que el gobierno de los Estados Unidos no tomara posición en el asunto, que sería inevitable refinar el crudo ruso como lo deseaba el gobierno cubano”. Ambos sabían, por una reunión celebrada días antes en el Departamento de Estado, que el gobierno estadounidense sugería la negativa e, incluso, creía que esta “sería coherente con la política general de los Estados Unidos hacia el gobierno cubano”.

Brewer le mostró la carta que su compañía pretendía enviar a Ernesto Che Guevara, entonces director del Banco Nacional de Cuba, rechazando el crudo soviético. El 17 de mayo Guevara había enviado una comunicación a Brewer informando que el gobierno cubano reembolsaría hasta $20 millones de dólares por petróleo importado durante 1959 en un único pago y durante el año 1960 se analizarían los reembolsos restantes. Anunciaba además que “en virtud del convenio celebrado por el Estado cubano con la U.R.S.S. se espera que el resto del año actual se importe petróleo” que sería suministrado a las refinerías “al precio que conviniere en cada oportunidad en una proporción estimada en unas 300 000 toneladas por cada refinería en operación”.

La respuesta a Guevara se mandaría solo en caso de que las tres compañías extranjeras fundamentales se negaran a refinar el petróleo. La americana Texaco ya había aceptado, pero faltaba saber la posición de la británica Shell que se “estaba discutiendo a altos niveles en Londres, con el gobierno británico presumiblemente involucrado”, según Brewer. Si las tres compañías aceptaban comunicarían su decisión al gobierno el mismo día 6 de junio. Si no, pues habría que reconsiderar todo el asunto. “Podemos anticipar medidas drásticas ya que en el actual estado de ánimo del gobierno cubano no se escucharán voces moderadas”, dijo Bonsal.

“Creo que las empresas serán intervenidas”, añadió.

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Tras la intervención, el 25 de julio de 1960, Enrique Rodríguez Pulgares, representante de Esso Standard Oil S.A., estableció un recurso de inconstitucionalidad contra la Resolución 190 y la Resolución 33. A partir de ese momento la corporación pasaría más de 30 años en las cortes por este tema: primero en las cubanas, luego en las estadounidenses.

Pulgares quería demostrar varias cosas. La decisión de Esso de refinar su propio petróleo no violaba la Ley cubana de Minerales Combustibles porque las refinerías podían usar petróleo de origen extranjero “cuando con ello no causaran perjuicio a los intereses nacionales” y el petróleo soviético no era “del Estado cubano”, o sea, no era producido en suelo nacional. Para la empresa se trataba de dos petróleos extranjeros independientemente de quién lo comprara y la empresa tenía derecho a decidir.

Fidel Castro, como Primer Ministro, no tenía facultades para intervenir una empresa según la Ley Fundamental de la República “a menos que lo hiciera en cumplimiento de una Ley específica en la materia”. Si el Primer Ministro no tenía facultades para intervenir, la resolución 190 era anticonstitucional y, por tanto, la Resolución 33, del Instituto Cubano de Petróleo, también. Si se aceptaba esto, entonces se había violado también la correspondencia mediante la revisión de documentos privados de la compañía y el domicilio.

“En ausencia de un precepto legislativo que disponga la intervención de la empresa, únicamente a través de un precepto judicial es que la Esso Standard Oil S.A. hubiese sido parte [del proceso], ya que nadie puede ser condenado sin haber sido previamente juzgado”, dice uno de los documentos del archivo del caso. “Se hubiera podido decretar la intervención si realmente hubiera recursos legales para tal medida”, añade.

El 2 de septiembre de 1960, Dorticós argumentó que la empresa había puesto en riesgo las reservas de petróleo nacionales al cancelar “barcos que se suponía que iban a traer petróleo crudo” y que el Primer Ministro sí podía ejercer “funciones directivas en la política general del Gobierno”, haciendo uso de las cuales dictó la Resolución 190.

Con esta explicación declaró sin lugar el recurso de alzada.

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El 16 de mayo de 1927 la compañía estadounidense White Dental se presentó ante el Tribunal de Reclamaciones de Estados Unidos con el objetivo de lograr una sentencia que permitiera la recuperación de los impuestos sobre la renta pagados en el año 1918. White Dental, dedicada a la fabricación y venta de suministros dentales, quería deducir de sus ingresos lo que había invertido en una subsidiaria alemana, cuya propiedad había sido incautada por el gobierno alemán en ese año por constituir “una propiedad del enemigo”.

La inversión en la White Dental de Berlín ascendía a $130 000 dólares.

Ocho meses antes del fin de la Primera Guerra Mundial, las autoridades alemanas designaron a un funcionario para que se hiciera cargo de la administración del negocio. Dos años después de finalizada la guerra, en marzo de 1920, se devolvió la propiedad, pero la mala gestión de la empresa durante el tiempo que estuvo expropiada y las inversiones de sus fondos en préstamos de guerra alemanes provocaron la caída del valor de sus acciones.

En 1922 la compañía fue vendida por apenas $6 000 dólares.

Cuando White Dental pagó los impuestos de 1918 trató de deducir el valor total de la inversión de su filial en Berlín. La Comisión de Impuestos Internos rechazó la deducción y la empresa tuvo que pagar, bajo protesta, los impuestos.

En 1927 el Tribunal de Reclamaciones dio la razón a White Dental. La empresa ni siquiera tenía que demostrar que no existía una posibilidad de eventual recuperación de la pérdida. “Se requeriría un alto grado de optimismo para recuperar una propiedad confiscada por el gobierno alemán en 1918”, dice la sentencia, “y la Ley de Impuestos no pide que el contribuyente sea un optimista incorregible”.

Cincuenta y ocho años después, Exxon Corporation (antes Standard Oil Corporation) apeló un fallo parcial del Tribunal de Reclamaciones de los Estados Unidos que desestimaba un reclamo parecido. Así como White Dental era propietaria de una subsidiaria en Alemania, Standard poseía una subsidiaria con sus activos en Cuba. Si en 1918 el gobierno alemán había confiscado la propiedad de la subsidiaria de White Dental, en 1960 el gobierno cubano había expropiado los activos de la subsidiaria de Standard. Ambas empresas habían presentado reclamos por deducción de impuestos sobre la renta de las propiedades nacionalizadas y reclamaciones ante las comisiones dedicadas a este fin en Estados Unidos.

La Exxon no debía haber pasado por lo mismo si se tiene en cuenta las sugerencias que había hecho el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert B. Anderson, en junio de 1960. Si las tres compañías se negaban a refinar el petróleo soviético y actuaban al unísono, si esta negativa conducía a un proceso de expropiación definitiva, “el gobierno de Estados Unidos respaldaría que se les pagara una compensación adecuada, rápida y efectiva”.

En 1990, tras varias apelaciones del gobierno estadounidense, Exxon consiguió un reembolso de impuestos de $27 millones de dólares más intereses por los pagos de impuestos que hizo después de la pérdida de su propiedad en Cuba.