El 14 de agosto de 1960 el entonces presidente cubano Osvaldo Dorticós Torrado anunció la expropiación de las plantas de procesamiento de níquel y cobalto pertenecientes a la Moa Bay Mining Company. Moa Bay Mining Company era una empresa estadounidense establecida bajo las leyes del estado de Delaware el 23 de noviembre de 1955.
Moa pertenecía a Cuban American Nickel Company y, al mismo tiempo, todo el capital social en circulación de Cuban American era de Freeport Sulphur Company. Freeport trabajaba en la industria del níquel en Cuba a través de la planta de Nicaro.
En 1953, la compañía Freeport Sulphur Company descubrió un depósito de 40 millones de toneladas de níquel y cobalto en la zona de la bahía de Moa. Los depósitos se estimaban mayores que los de Nicaro, que en ese momento suministraba óxido de níquel al gobierno de Estados Unidos, sobre todo para el desarrollo de la industria armamentística. En agosto de 1957, el gobierno cubano aprobó el proyecto de minería y refinería de níquel y cobalto con una inversión de alrededor de $75 millones de dólares, libres de impuestos según estableció el entonces presidente cubano, Fulgencio Batista.
Ese mismo mes, la empresa estadounidense consiguió un préstamo de $75 millones de dólares de los bancos First National City Bank of New York, Bankers Trust Company, The Mellon National Bank, The Bank of New York y cuatro bancos adicionales de Nueva Orleans pero la inversión requería $119 millones de dólares –y era altamente rentable–. Desde marzo, el gobierno de Estados Unidos se había comprometido a comprar níquel y cobalto a los precios del mercado desde 1957 hasta 1965. “El gobierno comprará hasta 98 mil toneladas de níquel y 10 mil toneladas de cobalto”, señala un reporte del New York Times.
Aún sin contar con todo el financiamiento necesario, la Cuban American Nickel Company, subsidiaria de la Freeport, comenzó la construcción de un aeropuerto cerca de la costa de Moa, “construyó caminos, evaluó tierras para [fabricar] una planta concentradora de minerales, creó diques para un embalse, dragó un canal para barcos de aguas profundas y estableció un campamento de construcción”. Debajo de la selva cubana se escondían suelos rojos de donde se extraerían los minerales con métodos de minería a cielo abierto. La producción debía comenzar a mediados de 1959. Entre 2 000 y 3 000 cubanos trabajaron en la construcción de la planta y otras facilidades y alrededor de 1 000 en las operaciones de la empresa.
Después del triunfo de la Revolución, en enero de 1959, el presidente Osvaldo Dorticós y el primer ministro Fidel Castro querían poner fin a la exención de impuestos que había logrado la empresa bajo el gobierno de Batista. El 15 de enero de 1959, Fidel Castro declaraba ante el Club Rotario de La Habana que se harían los “ajustes necesarios” con respecto a esta exención. En octubre del mismo año fue aprobada una ley que otorgaba todos los derechos minerales al gobierno cubano e imponía un impuesto del 5 % de los ingresos brutos de minerales o petróleo usado en la Isla y 25 % de las exportaciones. Según un reporte del New York Times, este impuesto era considerado “casi prohibitivo por las industrias mineras”.
En marzo de 1960 Freeport anunció que cerraría sus operaciones en Cuba a pesar de las negociaciones durante varios meses entre la empresa y el gobierno cubano. La nueva Ley de Minas y “otros acontecimientos habían hecho imposible obtener los fondos necesarios para continuar las operaciones”, dijo el presidente Robert C. Hills. El 8 de abril de 1960 la planta cerró por tiempo indefinido. Novecientos empleados fueron despedidos y solo quedaron 100. A partir de agosto, el gobierno cubano tomó posesión de la empresa y el presidente Dorticós declaró en la televisión nacional que era “inútil por parte del gobierno de Estados Unidos seguir hablando de pagos puntuales para las compañías expropiadas. Solo se emitirán bonos a 20 años con un interés del 4 ½ por ciento”. Los bonos nunca fueron impresos.
El 26 de septiembre de 1960, en un discurso en la sede de las Naciones Unidas, el primer ministro cubano Fidel Castro decía que “bajo la tiranía de Batista, una compañía norteamericana, la Moa Bay, había obtenido concesión tan jugosa que en cinco años solamente –escúchese bien–, en cinco años solamente iba a amortizar una inversión de 120 millones de dólares; 120 millones de dólares de inversión, amortizable en cinco años”. De acuerdo con el mandatario, esta inversión solo dejaba a los cubanos “los huecos de las minas, la tierra empobrecida, sin una contribución mínima al desarrollo económico de nuestro país”.
En total, la empresa produjo más de tres millones de libras de níquel, 310 000 libras de cobalto y más de 7 000 toneladas del subproducto de azufre de amonio antes del cierre de la planta. La Comisión consideró que el valor bruto de los minerales refinados en el futuro sería de $45 100 000 por año hasta el 30 de junio de 1965 y, posteriormente, a una tasa de $ 42 900 000 durante el período de explotación restante.
Freeport finalmente listó la instalación cubana como una pérdida en su declaración de impuestos.